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Cristina Fernández propone frente ciudadano contra políticas neoliberales

Escrito por mujeresenmarcha 14-04-2016 en Resistencias comunes. Comentarios (0)

De la prensa internacional

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, instó este miércoles a los argentinos a conformar un frente patriótico integrado por toda clase de ciudadano, sin tomar en cuenta religión ni preferencia política, que se encargue de exigirle al Congreso los derechos de las conquistas adquiridas.




“Yo creo que ese frente debe agruparse y reclamar porque hay cosas que son de la órbita del poder ejecutivo pero siempre el poder legislativo es el contralor, por lo menos eso es lo que siempre me dijeron en mi gestión”, dijo Fernández ante su pueblo tras comparecer en los tribunales por la presunta malversación del dólar a futuro durante el último año de su Gobierno.

La exmandataria alertó que la actual clase política en el poder en Argentina intenta plantar una causa penal para privarla de la libertad sobre una falsa denuncia en la que el juez a cargo comete prevaricato.

Esta mañana se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio, el llamado juez antiK, en los tribunales de Comodoro Py por la causa sobre presuntas irregularidades en la venta por el Banco Central de dólar a futuro.

Lo hizo en medio de una multitudinaria movilización popular de apoyo calculada en más de 200 mil personas que desafió la fría lluvia de un temporal y se apostó frente a la sede judicial, al tiempo que caravanas vehiculares recorrieron la capital argentina.

En una carta de descargo leída y entregada a Bonadio, Cristina Fernández sostiene que "esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido".

Revela además -inicia la exgobernante el descargo- "la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de 'plantar', a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad".

"Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes", continúa el documento.

Le atribuyeron -añade- "la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos".

Manifiesta que "sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante".

Considera "sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas (Mario) Negri y (Federido) Pinedo".

Desde el orden legal, Cristina Fernández recalca que tampoco se respetó el principio acusatorio ni de congruencia que debe existir para habilitar una investigación.

Afirma que las operaciones del Banco Central estuvieron dentro de las normas y la legalidad en el marco de las políticas establecidas por su Gobierno en busca de "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

En su descargo, la exmandataria asevera que su administración siempre buscó proteger el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general, como está sucediendo ahora, recalca.

"Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista".

A continuación relata que desde diciembre de 2015 a la fecha se vive una estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la inflación, la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial.

Eso es el resultado -precisa- de los efectos de una "maxidevaluación" llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal.

"El (actual) Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo", remarca la expresidenta quien estima la denuncia es una maniobra política y electoralista con cobertura mediática.

Al cierre del descargo escrito, denuncia que la actual administración intentó con una corrida judicial una devaluación, forzaron la salida del presidente del Banco Central -Alejandro Vanoli también imputado- y devaluaron.

"Ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron".

"Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia".

Al salir de los tribunales, se dirigió a la multitud que la aclamaba y les manifestó: "Me pueden citar 20 veces más o meterme presa, pero no me van a callar".


Honduras: Repudian asesinato de la líder indígena y social Berta Cáce

Escrito por mujeresenmarcha 03-03-2016 en Mirada Internacional. Comentarios (2)


Tomado de Cubadebate con información de Telesur



Al confirmarse la noticia del asesinato de la líder indígena y social hondureña Berta Cáceres, diferentes sectores sociales condenaron el crimen y reclamaron al Gobierno de Juan Orlando Hernández más seguridad para todos las personas que luchan por los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La corresponsal de teleSUR en Honduras, Gilda Silvestruci, confirmó que la líder hondureña fue asesinada a la 01H00 hora local en el interior de su vivienda ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.

La periodista informó que los movimientos sociales se encuentran en un estado de consternación y el pueblo repudia el crimen contra la líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos.

En entrevista para teleSUR el líder social hondureño, Juan Barahona condenó el asesinato del la líder indígena y recordó que Berta Cáceres luchó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras.

“Berta Cáceres se opuso a las concesiones mineras y al uso de los ríos para la construcción de complejos hidroeléctricos”, expresó.

Para Barahona, el asesinato de Berta es una clara señal en contra de todos los que luchan y defienden los derechos de los pueblos indígenas hondureños.

Afirmó que la líder social fue perseguida y estuvo encarcelada por su defensa ante las violaciones a las que son sometidas las comunidades indígenas en Honduras.

Juan Barahona también denunció el asesinato y la persecución a los líderes sociales, indígenas y campesinos y demandó mayor seguridad al Gobierno de Juan Orlando Hernández ante el incremento de la violencia y criminalidad en el país.

Gerardo torres, corresponsal de teleSUR inglés en Honduras, informó que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió un comunicado en rechazo al asesinato de Cáceres.

“Están queriendo decir que fue un intento de robo, lo que ha despertado mayor rechazo”, reportó Torres y explicó que el CEPINH denunció que se trató de un asesinato por intereses políticos y económicos, debido a que Cáceres luchaba contra proyectos hidroeléctricos y mineros que amenazan territorio indígena.

Además, indicó que los familiares de la líder indígena responsabilizan al Gobierno de Honduras del asesinato de Cáceres.

En contexto

Las comunidades indígenas lencas, quienes habitan el occidente hondureño, luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el gobierno sin previa consulta.

En varias oportunidades, Berta Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistema de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.
Cáceres recibió el premio Goldman para América Latina 2015.


Milagro Sala, Leopoldo López y el doble discurso de Macri

Escrito por mujeresenmarcha 23-01-2016 en Mirada Internacional. Comentarios (0)


Por Fernando Vicente Prieto

El 16 de enero, en San Salvador de Jujuy, fue detenida la dirigente social Milagro Sala, también diputada al Parlasur, bajo los cargos de “incitación a cometer delitos y tumulto en concurso real”. ¿El motivo? Liderar un acampe frente a la gobernación de la provincia de Jujuy.



De acuerdo al acta de detención, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez dictamina el procesamiento de Milagro Sala especificando que los delitos surgen cuando los manifestantes de la agrupación Tupac Amaru, el 14 de diciembre de 2015, “obstaculizaron la libre circulación de vehículos” y ocuparon con tiendas de campaña las adyacencias de la Casa de Gobierno provincial. En este sentido, a Milagro Sala y a otros dirigentes de la organización se les atribuye “la conducta de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos”.

“Se ha suscitado de esta manera -continúa el juez- una alteración del orden público entendido este como la situación de confianza en la que se puede vivir dentro de una atmósfera de paz social, conllevando con sus conductas la alarma colectiva de la población”.

Como elementos de prueba, entre otros, se citan grabaciones en video donde Sala aparece “efectuando gesticulaciones y arengas destinados a suscitar el acampe a distintos grupos de personas, que se acercan sucesivamente al lugar, donde se encuentran para recibir dichas directivas”. Dejando al margen la particular forma de describir una situación típica de una movilización popular, el escrito es claro en torno a que la conducta penalizada es la organización de una protesta social.

Párrafos más adelante el juez sostiene que la instalación del acampe tiene como propósito “alzarse públicamente, junto con los acampantes que aún se mantienen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”. Y agrega a continuación: “Esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador” (todas las mayúsculas corresponden al original).

Pocas semanas antes, el nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dirigente del radicalismo e integrante de la Alianza Cambiemos, ya había anunciado cuál sería la línea de acción del gobierno frente al acampe. Invitado por Mirtha Legrand a su programa de televisión, el 19 de diciembre Morales señaló que Milagro Sala “va a tener que rendir cuentas”.

Morales, además, descartó todo tipo de diálogo con la organización: “No voy a hablar con los violentos, no voy a hablar con ella. Al que corte rutas, nada”. Y añadió que “para restablecer el orden (…) hay medidas que tomar que tienen que ver con la justicia y con el Código Contravencional, que voy a empezar a implementar desde el primero de enero”. Dos semanas después del primer día del año, el Poder Judicial accionaba en ese sentido.

Ahora bien: ¿Es esta la política que defiende el presidente Mauricio Macri en el terreno internacional?

Leopoldo López, ¿preso político?

Mientras se desarrollaba el acampe y se vertían estos conceptos sobre la protesta social, Mauricio Macri se preparaba para su primera actividad internacional como presidente. El 21 de diciembre se realizó en Asunción la Cumbre de Presidentes del Mercosur y allí, como se esperaba, Macri abordó lo que considera la “grave situación de derechos humanos en Venezuela”. Concretamente, se refería a la detención de Leopoldo López, dirigente opositor venezolano que lideró en 2014 el plan insurreccional conocido como “La Salida”.

El nombre del ciclo de protestas se refería abiertamente a la salida del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, elegido nueve meses antes. El propio López se refirió a esto en forma pública en innumerable cantidad de ocasiones, e incluso declaró a las cámaras de televisión que las protestas acabarían “cuando se vaya el gobierno”.

Las acciones incluyeron graves episodios de violencia entre febrero y mayo de 2014, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y una gran cantidad de edificios y transportes públicos destruidos. Entre estos hechos, cabe destacar que al menos ocho personas –incluyendo seis integrantes de las fuerzas de seguridad- fueron asesinadas por disparos de francotiradores; que otra persona –el joven Elvis Durán- murió al ser degollado por un alambre colocado con la intención de cerrar una calle y que fueron incendiadas varias universidades e instituciones públicas. En uno de estos incendios incluso corrió riesgo la vida de decenas de niños y niñas que concurrían a un jardín maternal. El jardín está ubicado en la planta alta de un edificio que era atacado por grupos de derecha, participantes del intento por derrocar al gobierno.

Un doble discurso con mucho apoyo mediático

Las circunstancias que llevaron a López a la cárcel fueron recordadas por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al momento de responderle a Macri durante la Cumbre del Mercosur. “Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Deje de defender a los violentos”, exigió la canciller, señalando de paso el doble estándar de Macri, ante lo cual el presidente argentino debió guardar silencio. Llamativamente, el mismo silencio que practican habitualmente los medios privados de comunicación ante la información que no cuadra con su línea editorial.

Al día siguiente, tanto Clarín como La Nación e Infobae omitieron describir las fotos y citar las frases con las que Delcy Rodríguez demostró lo que es bastante evidente: que las protestas lideradas por Leopoldo López de ninguna manera podrían ser consideradas pacíficas.

Al igual que el gobierno de la Alianza Cambiemos, estos medios de comunicación también cambiaron sus parámetros en referencia a la Argentina. Y del “respeto a la protesta social” (en el caso de Leopoldo López) pasaron a la abierta legitimación para la detención de Milagro Sala, jugando al límite de la desinformación y llegando incluso a afirmar hechos falsos.

Desde hace días, todos ellos destacan el supuesto robo de dinero destinado a las cooperativas de la Tupac Amaru, en sintonía con lo que sostiene el gobernador Morales. Pero resulta que nada de esto se encuentra en los motivos de detención, que son bien claros: liderar un acampe en rechazo a una política específica del Ejecutivo provincial.

El sitio web Infobae va un poco más allá, “aclarando” en una nota sin firma que Milagro Sala “fue puesta presa luego de los acampes por instigación a cometer delitos y por tener menores de edad protestando” (sic). Aún asumiendo que en el acampe se encontraran menores de edad “por orden de” la dirigente -y no, por ejemplo, porque sus madres y padres están ejerciendo un derecho constitucional y llevan a su familia con ellos-, en ninguna parte de las cuatro páginas del acta judicial existe mención alguna a que Sala “tuviera” menores de edad protestando y este fuera el motivo de su detención.

Así las cosas, pareciera que la opinión hegemónica en Argentina no se impone por la veracidad y la coherencia de sus argumentos, sino más bien por su repetición por parte de los principales medios.

(Tomado de Notas) Publicado por Cubadebate


Tres activistas kurdas asesinadas por la policía en Turquía

Escrito por mujeresenmarcha 21-01-2016 en Mirada Internacional. Comentarios (0)

La diputada del Partido Democrático del Pueblo (HDP), Aycan Irmez, describió el asesinato de las tres activistas kurdas, junto con otra persona más aun no identificada, como una ejecución deliberada de las fuerzas represivas de Turquía.


Las tres eran reconocidas activistas políticas kurdas. Seve Demir era integrante del Parlamento por el Partido DBP, Pakize Nayır de la Asamblea del Pueblo de Silopi, y Fatma Uyar activista del Congreso de las mujeres (KJA).

El lunes por la noche fueron asesinadas junto a otra persona en el distrito de Silopi, cuando las fuerzas policiales abrieron fuego intenso durante horas sobre la población en el barrio de Karşıyaka en Silopi.

Miembros del HDP dijeron la policía no solo abrió fuego sobre la población, sino que bloqueó toda posibilidad de escape.

Según la diputada del HDP, Leyla Birlik, recibieron una llamada de parte de una de las víctimas: “Estamos heridos y sangrando, así que sacadnos de aquí”.

“Intentamos llegar hasta donde estaba ella, pero no pudimos. Después llamamos a emergencias, pero ellos tampoco ayudaron.”, aseguró otra testigo.

Aycan Irmez dijo que llamó personalmente al hospital estatal de Silopi, al Ministerio de salud y hasta la Asociación médica, pero que nadie respondió. Oficiales turcos le dijeron que nadie enviaría ambulancias a la zona debido a la “gente armada” que había allí. Desde el HDP denunciaron que el gobierno obstruyó la llegada de una ambulancia, argumentando que había disturbios en la zona.

“Sus caras estaban destrozadas”

Demir, Nayir y Uyar solo pudieron ser reconocidas -una vez que sus cuerpos llegaron al hospital- por su pelo, ya que sus caras estaban destrozadas, explicó Irmez.

“Todo esto sucede con el conocimiento del Estado. Nuestras amigas fueron ejecutadas y torturadas deliberadamente. Esto es una barbarie.”

Ofensiva militar contra el pueblo kurdo

La región de Silopi está bajo toque de queda desde el pasado 14 de diciembre, cuando el Estado turco intensificó su ofensiva militar sobre las regiones kurdas de Turquía.

En un artículo publicado en Izquierda Diario, Baran Serhad y Suphi Toprak, dan cuenta de la dimensión de esta ofensiva, así como la resistencia del pueblo kurdo:

En Farqin, Girge Amo, Nisebin, Cizire, Sur, Kerboran, la juventud kurda ha venido combatiendo en forma militante contra la ofensiva militar por meses. Con tanques, helicópteros de combate y diez mil miembros de fuerzas especiales de la policía y el ejército, el Estado turco ataca brutalmente al pueblo kurdo. Desde el 7 de julio de 2015 -día de elecciones donde el AKP de Erdogan no pudo formar gobierno- el estado de emergencia fue proclamado 54 veces, en 18 ciudades y distritos, por 175 días. En aquellas áreas mayormente afectadas por la guerra, no solo la energía eléctrica y el suministro de agua, sino también las líneas telefónicas y las conexiones de Internet fueron interrumpidas. El Estado turco eligió especialmente a los civiles kurdos como objetivos para debilitar el apoyo al movimiento de resistencia kurdo. Muchas casas fueron requisadas por la fuerza. Las instituciones públicas fueron destruidas. Alrededor de tres mil maestros fueron despedidos y sus escuelas fueron cerradas. Las fuerzas especiales turcas usaron las escuelas como bases militares. Los techos fueron ocupados por francotiradores. Se le ordenó a la gente dejar la región lo más pronto posible, lo que llevó a que decenas de miles huyeran. Cientos de personas, la mayoría de ellos civiles, fueron asesinados durante los últimos meses y el número se incrementa.

El asesinato de las tres activistas kurdas busca intimidar al conjunto de la población kurda y especialmente a la juventud, que es la que está a la vanguardia de la resistencia contra el régimen asesino de Erdogan.

Hace unos días Erdogan reafirmó su idea que no existe como tal “la cuestión kurda” en Turquía, sino tan solo un problema de “terrorismo”.

La UE, mientras se llena de la boca en defensa de la “libertad” y los “derechos humanos”, mantiene un silencio cómplice con los crímenes de Erdogan, aliado clave en la OTAN, y lo recompensa con 3.000 millones de Euros para que contenga a los refugiado sirios en su frontera.

Estos crímenes no deben quedar impunes, el repudio internacional y las movilizaciones en los países europeos en solidaridad con el pueblo kurdo, como la masiva movilización realizada hace unos días en Alemania, tienen que multiplicarse.

Tomado de izquierdadiario.es